A pesar de las negociaciones y acuerdo de paz, el conflicto armado continúa afectando comunidades en diferentes departamentos de Colombia.

En el caso del Chocó, en los municipios de Litoral del San Juan, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Lloró, Riosucio, las comunidades indígenas y afro colombianas permanentemente enfrentan restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y retornos rápidos sin garantías, repitiendo de manera cíclica estas afectaciones. En algunas de estas zonas que históricamente han tenido control territorial de las FARC se encuentran comunidades víctimas que, en el marco de los derechos que les otorga la ley 1448, ya iniciaron sus procesos de reparación colectiva. Estos procesos pueden encontrarse en riesgo por la persistencia de otros actores.

En Norte de Santander, Arauca y La Guajira, los grupos guerrilleros ELN y EPL, y los grupos post-desmovilización Clan del Golfo, Los Rastrojos, y Los Giraldo, continúan disputándose los territorios. Durante el 2016 se presentaron once desplazamientos masivos en la zona del Catatumbo, afectando a 3.279 personas, así como constantes ataques a la fuerza Pública. Las cinco Zonas Veredales Transitorias han generado preocupación y expectativa entre las comunidades aledañas y ha sido aprovechado por otros grupos ilegales para la cooptación de zonas que anteriormente se encontraban bajo el mando de las FARC. Sumado a las consecuencias del conflicto armado, la situación en la zona de frontera de estos departamentos se ha agudizado por los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela. Se evidencia el aumento de personas afectadas por la crisis en otras zonas del país y la falta de recursos económicos ha empujado a cientos a migrar hacia otros destinos por medio de largas caminatas que incrementan sus vulnerabilidades.  De acuerdo al Registro Administrativo de migrantes venezolanos (RAMV), por lo menos 442.462 se encuentran en condición de irregularidad en Colombia. De acuerdo al Gobierno Colombiano, más de 1 millón de venezolanos se encuentran en Colombia.

Reducir la vulnerabilidad de la población afectada por el conflicto y la crisis humanitaria.

Población Meta Directa: 17.035 personas (7.604 hombres, y 9.431 mujeres) pertenecientes a 24 municipios de los departamentos de Norte de Santander (Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario, Tibú, Ocaña, El Tarra, Hacarí, Sardinata, El Carmen, La Playa y Teorama), Guajira (Maicao, Riohacha, San Juan, Fonseca, y Barranca), Arauca (Arauca, Arauquita y Saravena), Chocó (Carmen de Atrato, Bagadó, Rio Sucio, Quibdó, Litoral San Juan), Magdalena, Atlántico, Santander, Cesar, Cali, Ipiales y Bogotá. La estimación de cantidad de beneficiarios por municipio se hará luego de tener un primer acercamiento a las comunidades y un análisis de necesidades más detallado.

Población Meta Indirecta: 6.000 destinatarios indirectos (4.500 NNAJ y 1.500 adultos) que incluyen, por un lado, los NNAJ de la población receptora que se beneficiarán de los materiales pedagógicos y/o obras de infraestructura entregados a las Instituciones educativas priorizadas y/o de la réplica de los docentes y AEC capacitados.

Efecto 1. Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) y las comunidades afectadas por el conflicto/crisis apoyados por el proyecto, aumentan su capacidad para mantenerse a salvo y para promover escuelas como entornos de aprendizaje protectores.

Efecto 2. Personas afectadas por el conflicto/crisis han aumentado su acceso al derecho de asistencia humanitaria provista por el estado.

Efecto 3. Comunidades afectadas por el conflicto incrementan su acceso a los derechos contemplados en los planes de reparación colectiva (reconocimiento, dignificación, inclusión ciudadana y reconstrucción del tejido social)

Efecto 4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) apoyados por el proyecto, aumentan su acceso a educación de calidad.

Erwartete Resultate:  

-3’000 CAY receive emergency education assistance during crisis.

-620 teachers and community teaching agents are trained in EiE tools.

-School and community infrastructure built or improved in areas affected by armed conflict or border crisis (education, recreation, communal infrastructure, etc.).

-Persons affected by the conflict/crisis receive relevant, timely and up-to-date information, guidance and legal assistance in order to access to compensation (only in Chocó), emergency/transition humanitarian assistance and other assistance mechanisms.

-300 internally displaced persons receive training on their rights and authorities on their responsibilities in HLP, compensation, transitional or emergency humanitarian assistance or other assistance mechanisms.

-3’300 Out-of-school children identified with their assessed educational needs.

-1’980 CAY affected by conflict/crisis access bridge programs for school motivation (access / retention).

Resultate von früheren Phasen:  

Durante la primera fase, se beneficiaron 6.749 personas.

- 1.743 personas recibieron información, orientación y / o servicios de asistencia jurídica,

- Se capacitó a 117 funcionarios y 845 niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ/CAY) se beneficiaron de intervenciones en el área de educación.

- 3.798 niños se beneficiaron de las intervenciones en Educación en Emergencias en las que se capacitó a 246 maestros y líderes comunitarios.

El proyecto benefició indirectamente a 2.240 personas

- 738 NNAJ se beneficiaron de la formación de 246 profesores.

- 254 NNAJ de Instituciones Educativas donde se entregaron materiales pedagógicos y 1.248 miembros de familias se beneficiaron de asistencia legal).

A través de la incidencia del CNR, la extensión indefinida de la excepción de apostilla para el registro de nacimiento de niños venezolanos de colombianos en algunos municipios se logró conjuntamente con los miembros de la Red de Migrantes. Asimismo, se generaron insumos para el diseño del Plan de Respuesta Humanitaria 2017, logrando la priorización de los sectores de Protección y Educación.