Contexto
Aproximadamente el 70% de los más de 800 millones de personas que padecen desnutrición crónica en los países en desarrollo vive en el campo y la gran mayoría se dedica a la agricultura o ganadería. Para dichos grupos, es fundamental contar con un acceso seguro a la tierra y a otros recursos naturales. Reviste también especial importancia el acceso seguro a la tierra para la población urbana en fuerte aumento, tanto para viviendas como para la producción de alimentos en pequeños huertos (agricultura urbana).
La inversión agraria puede influir amplia y negativamente sobre la seguridad alimentaria de grupos de población locales. El legítimo llamamiento a mayores inversiones en el ámbito agrícola se concentró a menudo en la dimensión económica y dejó de lado las cuestiones sociales y ecológicas. Como consecuencia de ello, se limitó con frecuencia el acceso a la tierra y a otros recursos naturales como el agua. Además, tales prácticas traen aparejada una reducción de la biodiversidad y debilitan los sistemas ecológicos frágiles. En varios casos, se señalaron también graves violaciones de los derechos humanos.
Con frecuencia, se financian las inversiones agrarias sin o con una consulta mínima por parte de las poblaciones agrícolas afectadas. En la mayoría de las grandes transacciones en relación con la propiedad y el uso de la tierra, la transparencia y la rendición de cuentas brillan por su ausencia a todos los niveles. A escala nacional, raramente se invita a los ministerios competentes y a los parlamentos a evaluar proyectos de inversión a través de la adquisición y del arriendo de grandes superficies de terreno. Si se implica a los responsables de tomar decisiones y a los políticos, ellos a menudo no poseen los conocimientos necesarios para evaluar con precisión toda cuestión vinculada a la configuración jurídica y la formalización de contratos de inversión a escala nacional.
Son necesarias directrices y principios en materia de derechos de propiedad de la tierra, como los promueve la COSUDE, a fin de que se acceda de manera constante a información actualizada sobre las transacciones. El diálogo con todas las partes interesadas, incluidos el sector privado y los representantes de los gobiernos, contribuye a crear las condiciones para que se tomen en consideración las necesidades e inquietudes de los grupos desfavorecidos en el marco de los procesos de toma de decisión. Los grupos afectados pueden así recurrir a procedimientos de queja para exigir la rendición de cuentas al gobierno o a los inversores y, llegado el caso, obtener una compensación adecuada.
Suiza es consciente de que solo se pueden hallar soluciones a cuestiones existenciales, tales como el acceso a la tierra (uso o propiedad), implicando a todos los interesados, si se desea prevenir la aparición de conflictos.