Contexto
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, ya que tienen una importante presencia en la producción agrícola y en la economía rural. Sin embargo, en muchos países la discriminación social y jurídica dificultan su acceso tanto a la propiedad de la tierra como a su explotación, así como a los medios de producción, la formación profesional y los servicios financieros.
En las economías rurales, la mayoría de las mujeres trabaja en explotaciones agrícolas familiares y en el sector informal, donde asumen un gran volumen de trabajo por unos ingresos muy bajos y con una escasa productividad. Las mujeres suelen trabajar bajo condiciones precarias en sectores de bajos salarios, como la industria textil. Por lo que su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria, la económica y al desarrollo está infrautilizado.
Varios análisis muestran que la discriminación estructural de las mujeres en el desarrollo económico se debe principalmente a dos factores:
1. Discriminación múltiple por razones de pertenencia religiosa, social o étnica.
2. Carga por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, definido por normas sociales y roles de género inamovibles, por lo que, a menudo, es desempeñado por mujeres.
Estos factores limitan las posibilidades de las mujeres de completar una formación o incorporarse a un trabajo productivo y remunerado. También dificultan su acceso a los sistemas de seguridad social, casi siempre ligados a un empleo formal y a unos ingresos.