El derecho a vivir sin violencia es el más vulnerado para las mujeres. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, levantada en 2016, 75 de cada 100, casadas o en unión libre, mayores de 15 años, sufre algún tipo de violencia. El problema comienza durante el noviazgo, 52 de ellas afirma que ha sido víctima de maltrato.

Los esfuerzos de las instituciones del Estado hasta ahora son insuficientes para el tamaño del desafío. La aplicación de la “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (348)” no termina de reflejarse en el número de sentencias contra los agresores. De los 37.578 casos atendidos en el país por el Ministerio Público, en 2019, solo 1,13% obtuvo fallo judicial.

La rápida propagación de la Covid 19 en el país ha profundizado la situación de muchas mujeres, quienes han visto cómo sus casas pueden ser aún mucho más peligrosas. El sistema de registro de denuncias del Ministerio Público muestra que, durante los 71 días de cuarentena rígida, han sido presentadas 2.935 denuncias. Sin contar los casos que no han podido salir del ámbito familiar debido a las restricciones de la emergencia.

El desafío es que todo ese legado sea replicado, inspire nuevas prácticas y genere escalamiento, a través del trabajo corresponsable de organizaciones y actores institucionales clave. Que continúe ayudando al proceso de incidencia, con el objetivo de construir políticas municipales, departamentales y nacionales de prevención y atención de la violencia hacia las mujeres.

De manera simultánea, el proyecto pretende ayudar a resolver factores críticos al interior de las instituciones estatales del sector Justicia, a través de la implementación de acciones estratégicas. Es su propósito contribuir a que realicen una labor mucho más efectiva y que las mejorías sean sostenibles en el tiempo, con el apoyo de la sociedad civil y organismos donantes.

Resultados previstos:  

• Hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a partir de la construcción de relaciones equitativas, con igualdad de oportunidades, sin estereotipos de ningún tipo y con acciones que ayuden a prevenir toda forma de violencia que las afecte.
• Generación de espacios y acciones de corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil. La transparencia, la cultura de rendición de cuentas, una gran participación ciudadana, inclusión y no discriminación, así como la eficiencia y eficacia alimentarán el escenario de este encuentro.
• Construcción de visiones compartidas en el marco de los Derechos Humanos. Se implementarán estrategias, procedimientos y herramientas que se adapten a los diferentes contextos socioculturales del país.
• Espacios de aprendizaje e intercambio horizontal entre generaciones, aunque también se impulsará la adopción de medidas de atención y abordaje diferenciados para los distintos grupos de edad.
• Aplicación modelos de abordaje (corresponsabilidad, masculinidades, etc.), que involucran a los distintos actores y actoras, haciéndolos parte de la solución del problema.
• Desarrollo de competencias y valores individuales, grupales y organizacionales de las personas involucradas en el tema, generando cambios personales, institucionales y sociales.

Resultados de las fases anteriores:  

• 76 mil mujeres recibieron atención integral para la restitución de sus derechos.
• Articulación de alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, sociedad civil, medios de comunicación y sector privado en redes interinstitucionales.
• Unidades educativas, agrupaciones de jóvenes y organizaciones indígenas, originarias y campesinas promovieron actividades para la toma de conciencia sobre el problema, además de intervenciones destinadas a promover la prevención.
• A nivel departamental, se coordinó con las gobernaciones y sus servicios de Salud, Educación y Gestión social.
• En el ámbito nacional, llevó adelante acciones con los ministerios de Justicia, Salud, Comunicación y Educación; el Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Policía (FELCV), entre otros, contribuyendo con la implementación de políticas, programas y acciones de manera sostenida.
• Ayudó a generar políticas y programas, con amplia participación ciudadana, destinados a prevenir el problema y mejorar los servicios públicos de atención, a través de la acción articulada entre todos los niveles del Estado.
• En los 80 municipios donde trabajó el proyecto –la cuarta parte de las autonomías municipales bolivianas- el número de mujeres que manifestó haber recibido un servicio de apoyo integral -psicológico, legal, social- y que les ayudó a continuar con el proceso judicial se incrementó del 29% al 72%.
• Se constató, a través de una encuesta, la reducción en el orden del 30% de actitudes y comportamientos culturales machistas.

• Policía Boliviana (FELCV)
• Fiscalía General del Estado
• Órgano Judicial
• Centros de Salud
• Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
• Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización

Fase 99 01.06.2020 - 31.05.2023   (Completed)